Las conclusiones del informe preliminar elaborado por la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en el que murieron 49 niños y otros 70 resultaron lesionados, tendría que cimbrar a las instituciones federales, estatales y municipales, y al país en general, y dar paso a un profundo e inmediato proceso de rectificación por parte de los poderes públicos involucrados en la tragedia.
En el documento se señala la presunta responsabilidad del ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas, hoy titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours; del ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, y de otros 16 funcionarios de los tres niveles de gobierno. Se precisa, además, que el IMSS ha estado subrogando guarderías a operadores privados sin tener la facultad legal para ello, y que lo ha hecho en un desorden generalizado
: como botones de muestra, la comisión de la SCJN destaca que sólo en 14 establecimientos (de mil 840 que operan bajo ese régimen irregular) se cumple con la normatividad requerida, que 49.9 por ciento de los concesionarios carecen de constancias vigentes de las autoridades de Protección Civil y que sólo 407 tienen el visto bueno vigente de los cuerpos de bomberos locales.
En suma, la Comisión Investigadora concluye que un integrante del gabinete calderonista y los ex titulares del Ejecutivo sonorense y del municipio de Hermosillo se estiman involucrados en la violación de garantías individuales
y que, en materia de guarderías subrogadas, las autoridades federales, así como las de diversos estados y municipios, han violado la ley en forma pertinaz y sistemática, lo cual constituye un golpe demoledor a la prédica oficial de observancia de la legalidad y a la pretensión de defensa y fortalecimiento del estado de derecho en el país.
Si bien el documento referido aún deberá ser discutido por el pleno del máximo tribunal de la nación y servir de base para un dictamen acerca de si las responsabilidades señaladas constituyeron una violación grave de garantías, las conclusiones de la Comisión Investigadora de la SCJN tendrían que conducir, en términos políticos, a una crisis de gabinete y, en los casos de los gobiernos de Sonora y Hermosillo, a una exhaustiva investigación judicial que se apartara de la complacencia y hasta del presumible afán de encubrimiento exhibidos hasta ahora por las autoridades.
Un dato exasperante, indicativo de la falta de voluntad para hacer justicia, es que hasta ahora sólo funcionarios menores han sido imputados penalmente por la tragedia y que ninguno se encuentra en la cárcel. Otro aspecto inocultable del escándalo es que ninguno de los propietarios de la guardería ABC –entre quienes se encuentra una familiar política del titular del Ejecutivo federal: Marcia Matilde Gómez del Campo– ha sido llevado a juicio.
En resumen, a casi nueve meses de ocurrida la tragedia de Hermosillo, hay 49 niños muertos, siete decenas de heridos y responsabilidades documentadas por dos decenas de funcionarios públicos pero, a ojos del poder público, ningún culpable. Si esta ecuación perversa, signo de la descomposición que afecta a la institucionalidad del país, no desemboca en la rápida consignación de los presuntos responsables, podrá concluirse que las instancias de gobierno no se rigen por la legalidad, sino por el cinismo.
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