La caravana tenía fines pacíficos, pues su objetivo era llevar alimento a un poblado que desde noviembre de 2009 se encuentra cercado, y en el que desde hace seis meses los paramilitares cortaron los cables de la energía eléctrica, de las líneas telefónicas y los ductos del agua potable.
Desde tiempos de la Colonia esta región ha sido presa de muy variados conflictos, y en nuestros días la situación se ve agravada por un largo proceso de sometimiento, desintegración territorial, explotación económica y discriminación racial, motivado por los intereses políticos y económicos sobre la zona. La actual agresión contra San Juan Copala tiene su origen en 2007, cuando el grupo conocido como MULT-I (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente) decidió crear un municipio autónomo, buscando legítimamente recuperar su libre determinación dentro del Estado mexicano, como alternativa organizativa frente a intereses que sólo buscan despojar de su territorio y sus recursos a los habitantes de la región. La respuesta de los grupos con afanes de control no se hizo esperar, y en los últimos meses se ha concretado en ataques violentos del grupo conocido como Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), al que se relaciona con el gobierno priísta de Ulises Ruiz, y cuyo dirigente declaró abiertamente que impedirían a toda costa el paso de la caravana. Además de otra serie de hechos violentos anteriores a la caravana, como los del 28 y 29 de noviembre del año pasado, el 10 de diciembre siguiente, o el 10 de marzo pasado, el 14 de mayo seis mujeres y seis niños fueron agredidos y privados de su libertad después de haber salido por víveres, y el 20 de mayo fueron asesinados Cleriberta Castro Aguilar y su esposo Timoteo Alejandro Ramírez, dirigente del MULT-I y líder moral del municipio.
Cabe aclarar que tal y como lo manifestaron varias organizaciones oaxaqueñas en un comunicado el 2 de mayo, el problema no es producto de un enfrentamiento entre comunidades, sino de un conflicto histórico en la región, en el que sin duda existe una responsabilidad directa del Estado, en la medida en que no sólo ha omitido instrumentar políticas para superar el grave rezago social, sino que ha soslayado las acciones de cacicazgo y control. Por lo que lo ocurrido es un reflejo de la absoluta impunidad con la que este grupo actúa, incluso portando armas de uso exclusivo del Ejército.
En un comunicado emitido también por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos se menciona que en el caso de Copala se confirma nuevamente la repetición reiterada de un patrón de conducta de las autoridades mexicanas en diferentes escenarios y situaciones: oficialmente no hay paramilitares, y ellas sólo intervienen para garantizar la paz. Sin embargo, estas afirmaciones se ven contrastadas por la realidad. Resulta increíble que se minimice con declaraciones en las que se culpa a las organizaciones que se meten
en la zona, la situación de una comunidad en estado de sitio, cercada por un grupo armado que actúa en la más completa impunidad, que es de conocimiento público y se ha agravado al paso de los años, ante la mirada cómplice e indiferente de los gobiernos local y federal.
Las agresiones, en efecto, de las que ha sido víctima el municipio de San Juan Copala, han sido denunciadas desde el año 2007, sin que existan acciones firmes o concretas al respecto. La oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó en un comunicado el 28 de abril que el Estado tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida e integridad física de los habitantes del país frente a terceros. A ello tendríamos que añadir la omisión estatal para proteger el libre tránsito y otra serie de derechos fundamentales en perjuicio de gente que lucha por causas justas y legítimas.
Por estos motivos, innumerables organizaciones en el país y en el mundo han exigido que se garantice un alto total a la agresión de la que son objeto los habitantes de San Juan Copala; se garantice la seguridad y el libre tránsito en la región; se inicie un proceso de paz con justicia y dignidad para la región triqui, sin que esto excluya el juicio y el castigo a los responsables de los delitos cometidos; se realice una investigación pronta, completa e imparcial de los hechos, así como la intervención expedita de una institución civil federal (no militar), que garantice el proceso de paz en la región.
Se ha anunciado una nueva caravana humanitaria a Copala el día 8 de junio. Frente a este anuncio, y el silencio oficial, la dirigencia de la Ubisort dijo están exponiendo sus vidas
, poniendo con ello una vez más de manifiesto la ausencia de la autoridad en la región. El Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de los habitantes de la región y de quienes acuden en su ayuda. Si no es capaz, al menos debería pedir formalmente al Comité de la Cruz Roja Internacional su intervención, a fin de brindar ayuda humanitaria a los afectados.
Comentarios